jueves, 2 de noviembre de 2017

Tribunal español ordena arresto de líderes independentistas catalanes a la espera juicio

MADRID (Reuters) - La Audiencia Nacional española decretó el jueves prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente catalán y siete exconsejeros de ese gobierno, por cargos relacionados con el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre.

La magistrada instructora Carmen Lamela aún debe decidir si decreta una orden de detención internacional contra el depuesto presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro miembros de su gobierno que no acudieron a declarar al tribunal.

Sin embargo, el abogado de Puigdemont dio por hecho en la televisión belga que la orden ya se había emitido. “Mi cliente me acaba de decir que se ha emitido la orden para el presidente y cuatro de sus consejeros”, dijo Paul Bekaert a la cadena VRT.

Una fuente de la corte había dicho anteriormente que “lo más probable” es que la denominada “euroorden” contra Puigdemont, que está en Bélgica, sería puesta en marcha el viernes.

Partidos políticos y grupos cívicos catalanes denunciaron la decisión de “encarcelar al gobierno legítimo de Cataluña” y cientos de personas se reunieron en el exterior del Parlamento de la próspera región noroccidental para exigir su liberación.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, destituyó a Puigdemont y a su gabinete el viernes, horas después de que la cámara regional catalana realizara una declaración unilateral de independencia, una iniciativa boicoteada por la oposición y declarada ilegal por los tribunales españoles.

La decisión de encarcelar a varios líderes catalanes provocó críticas de diferentes grupos, desde miembros del independentismo hasta el club de fútbol Barcelona, aunque la reacción en las calles fue menos masiva que en otras ocasiones.

PUIGDEMONT APELARÍA LA EXTRADICIÓN

Puigdemont, que se encuentra en Bélgica desde donde dice está denunciando la situación de Cataluña ante la comunidad internacional, no acudió a la Audiencia porque “el clima no era el adecuado”, según su abogado belga.

“El señor Puigdemont se quedará aquí. Ha dicho que va a cooperar totalmente con las autoridades belgas durante el procedimiento. Apelará en todas las instancias si los tribunales deciden apoyar su extradición”, indicó a la cadena VRT.

Mientras cientos de personas se concentraban en la sede del Parlamento en Cataluña, Puigdemont realizó una breve declaración emitida por la televisión regional TV3, en la que pidió, “como presidente legítimo”, que se libere a los encarcelados.

“Exijo la liberación de los consellers y el final de la represión política. Las encarcelaciones han sido un golpe a las elecciones del 21-D”, afirmó.

Poco después del dictamen judicial, Puigdemont dijo en Twitter que “la banda del 155” -en referencia al artículo de la Constitución española invocado para imponer el mandato directo sobre Cataluña- quiere encarcelarle junto a su exgabinete.

“El gobierno legítimo de Cataluña ha sido encarcelado por sus ideas y por haber sido leal al mandato aprobado por el Parlamento catalán”, señaló.

MEDIDAS “DESPROPORCIONADAS”

La entrada en prisión de los líderes secesionistas y la huida de Puigdemont a Bélgica dificulta que destacadas figuras del movimiento independentista se presenten a las elecciones adelantadas que convocó Rajoy para el 21 de diciembre.

La juez justificó el ingreso en prisión de los exconsejeros por el riesgo de fuga y destrucción de pruebas, tras argumentar que existía una trama para impulsar la causa soberanista.

“Los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista (...) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el 1 de octubre y a la declaración de independencia”, señaló.

No obstante, Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de varios de los exdirigentes encarcelados, como el cesado vicepresidente Oriol Junqueras, calificó las medidas cautelares como “absolutamente inmotivadas y desproporcionadas” y anunció que recurrirá la decisión.

“Entendemos que no hay ni delito de rebelión ni delito de sedición por mucho que la fiscalía se empeñe en afirmarlo”, dijo Alonso-Cuevillas a periodistas. Tribunal español