El llamamiento fue expresado en una resolución adoptada con nueve votos a favor y seis abstenciones. El texto destaca que esas armas han sido las más utilizadas en la mayoría de los conflictos armados recientes, y subraya que representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Al presentar la resolución, que contó con el auspicio de numerosos Estados, la presidenta en turno del órgano de seguridad, la embajadora de Lituania, Raimonda Murmokaite, explicó que tras largos meses de negociaciones, se había obtenido un texto de alcance amplio.
“La resolución ofrece nuevas elementos operacionales de impacto a los países afectados, alienta al sistema de Naciones Unidas a identificar capacidades que podrían ayudar a contrarrestar el tráfico ilícito y actuar de manera más coherente para ayudar a los Estados en el acopio de esas armas, en la gestión segura, en el rastreo de las existencias, así como en la recolección de armas no marcadas”, dijo la diplomática lituana.
Murmokaite subrayó que el documento de ninguna forma implica una violación de la soberanía de los países.
El texto aprobado también solicita al Secretario General incluir en sus informes sobre situaciones específicas de países al Consejo, información detallada sobre el impacto de esas armas y la protección de los civiles en los conflictos armados.