El Partido Movimiento Democrático Brasileño, o PMDB, dijo el martes que tras una reunión seis de sus miembros que hacen parte del gabinete de gobierno así como 600 empleados federales deben renunciar a sus cargos. El anuncio se hizo luego de que más de 100 congresistas aprobaran la decisión, de acuerdo con el vocero Romero Juca, un influyente senador del partido.
“En este día histórico para el PMDB, el partido se retira del gobierno de base de la presidenta Dilma Rousseff y nadie en el país tiene la autorización para tener un cargo en el gobierno federal a nombre del PMDB”, dijo Juca ante vítores y aplausos de seguidores luego de que la decisión fuera aprobada.
La sesión partidista terminó entre cánticos y llamados a que termine el mandato de Rousseff, miembro del Partido de los Trabajadores, o PT, y para que el vicepresidente del país, Michel Temer, líder del partido Movimiento Democrático, asuma las riendas del gobierno si se inicia un juicio político en contra la mandataria por presuntamente violar normas fiscales.
La ruptura del PMDB con el gobierno de Rousseff aumenta las probabilidades de que la gobernante, cuya popularidad se ha desplomado en medio de una profunda recesión económica y varios escándalos de corrupción, sea sometida al juicio político.
“La salida del PMDB, el principal aliado de la presidenta Dilma, representa el final de una coalición de gobierno y aumenta el chance de que sea enjuiciada pues ahora su partido es minoría en el Congreso”, dijo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getulio Vargas, una de las más importantes universidades brasileñas.
“La salida del PMDB definitivamente va a alentar a otros partidos pequeños a seguir su ejemplo y dejar la coalición de gobierno, lo que pondrá al gobierno de Dilma es una situación de aislamiento político”, agregó.
Miles de brasileños han salido a las calles a pedir que Rousseff sea sometida al juicio político y a protestar por los escándalos de corrupción en la estatal petrolera Petrobras, que se han ido acercando al círculo de aliados de Rousseff. La presidenta, que había sido presidente de la junta directiva de Petrobras, no ha sido implicada en el escándalo por el presunto pago de sobornos por la concesión de contratos y que los fiscales caracterizan como el más grande entramado de corrupción que se haya descubierto en Brasil.
Los partidarios de Rousseff dicen que el juicio político es un intento de la oposición por tomar el poder de parte de quiénes sí han estado implicados en la investigación por el cobro de comisiones ilegales y de sobornos en la petrolera.
Una filtración la semana pasada de una hoja de cálculo con supuestos pagos a casi 300 políticos de una docena de partidos brasileros inflamó más los ánimos de la gente y la aversión hacía la clase política brasilera. Las hojas de cálculo hacen parte de los documentos de la investigación de Petrobras, incautados en la casa de uno de los más importantes ejecutivos de una de las compañías más grandes de Brasil.
En las hojas de cálculo aparecen los nombres de los políticos, unos nombres clave, y unas sumas de dinero. Las autoridades están investigando si las sumas constituyeron pagos ilícitos o donaciones legales de campaña.
“Es el principio del final y muy probablemente va a tener un efecto domino cuando otros partidos decidan dejar la coalición de gobierno”, dijo David Fleischer, profesor emérito de ciencia política en la Universidad de Brasilia. Dijo que la decisión del partido de abandonar la coalición va a aumentar la cantidad de congresistas que se oponen a Rousseff, y que podrían votar por iniciar el juicio político en la Cámara Baja del Congreso.
“El juicio político se volvió irreversible”, dijo Fleischer. “La presidenta no tiene salida”.
