12 mayo (Reuters) - Varios gobiernos latinoamericanos expresaron su preocupación el jueves por las eventuales consecuencias de la decisión del Senado de Brasil de someter a la mandataria Dilma Rousseff a un juicio político y apartarla provisionalmente de la presidencia.
La suspensión de Rousseff de hasta 180 días por supuestas violaciones presupuestarias, fue cuestionada como injustificada por el secretario general del bloque sudamericano Unasur y los gobiernos izquierdistas de la región hicieron eco al argumento de la brasileña de que es objeto de un golpe de Estado.
Argentina, principal vecino de Brasil, en una primera instancia abogó por respetar el proceso, pero más tarde destacó la inquietud por la "trascendencia" que tiene lo que ocurre y el trabajo bilateral entre los dos países hermanos.
"En lo económico, lo vemos con mucha preocupación por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio", dijo el jefe del gabinete de ministros de Argentina, Marcos Peña, en declaraciones a la televisión estatal.
Inicialmente, la canciller Susana Malcorra manifestó a través de un comunicado su respeto al "proceso institucional" con la confianza de que "el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña".
Para el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, la suspensión de la mandataria abre "preocupantes interrogantes" sobre el Estado de Derecho y deja en evidencia la existencia de "poderes fácticos" en Latinoamérica que comprometen la gobernabilidad democrática.
"Para nadie es un misterio el peso que tiene Brasil en el región y estas circunstancias de inestabilidad que se han venido viviendo y se podría profundizar con la decisión adoptada el día de ayer podrían trasladarse de manera peligrosa a la región", dijo a la prensa en la sede de Unasur en Quito.
ESCENARIO INCIERTO
Chile expresó "preocupación" por el escenario incierto. El canciller Heraldo Muñoz, quien acompaña a la presidenta Michelle Bachelet en un viaje a Europa, destacó las "excelentes relaciones" con la "amiga" Rousseff y su "decidido respaldo al Estado de Derecho, los procesos constitucionales y las instituciones democráticas en Brasil".
Por su parte, el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro, cercano aliado de Rousseff, rechazó lo que calificó "un golpe de Estado parlamentario" en Brasil y convocó a sus seguidores a manifestarse la tarde de jueves en apoyo a la presidenta.
"La presidenta legítima, Dilma Rousseff, primera mujer electa como Jefa de Estado en Brasil, enfrenta una arremetida motivada por la venganza de aquellos factores que perdieron las elecciones y que son incapaces de llegar al poder político por otra vía que la fuerza", dijo la cancillería en un comunicado.
El Gobierno de Ecuador también expresó en un comunicado su respaldo "al Gobierno constitucional de la Presidenta Rousseff, legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación que la vincule con la comisión de un delito común".
El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, destacó que "la judicialización de la política también conlleva la politización de la justicia en una suerte de espiral absolutamente nefasta tanto para la democracia cuanto para el estado de derecho".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se enfocó en hacer "votos para que la institucionalidad democrática en Brasil se preserve, para que el debido proceso se respete".
"Lo que queremos es que la estabilidad se mantenga", dijo en Londres, donde asiste a la Cumbre Mundial de Lucha contra la Corrupción. "Nos duele mucho lo que está sucediendo", concluyó. Reuters
