Bogotá, 24 de noviembre, 2016 (Reuters). El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de la guerrilla de las FARC firmarán el jueves un acuerdo de paz que fue modificado pero excluye reclamos clave de la oposición política, luego de que el pacto original fue rechazado en un plebiscito.
La sobria ceremonia en Bogotá iniciará la cuenta regresiva para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abandonen las armas a más tardar en seis meses y sus 7,000 combatientes formen un partido político para acabar con un conflicto que dejó 220,000 muertos y millones de desplazados.
El acuerdo será enviado posteriormente al Congreso para su refrendación.
Después de cuatro años de negociaciones en Cuba, Santos y el líder guerrillero Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", sellaron un acuerdo en septiembre, pero el pacto fue rechazado en octubre por los colombianos en una consulta, obligando al Gobierno a hablar con la oposición y a volver a la mesa con la guerrilla para hacer ajustes.
Pero las modificaciones no atendieron los dos principales reclamos de la oposición liderada por el ex presidente Álvaro Uribe: que los jefes de la guerrilla paguen con cárcel por sus delitos y que no puedan postulares a cargos de elección popular.
Luego de romper el diálogo con el Gobierno, la oposición anunció marchas y criticó la decisión de refrendar el pacto en el Congreso, donde el partido de Uribe es minoría. Por eso no descartó convocar a un plebiscito para sepultar el acuerdo.
El pacto ha dividido a la nación de casi 49 millones de habitantes, una sociedad conservadora donde todavía está arraigado el rechazo a la guerrilla por su pasado criminal y donde muchos aún no están dispuestos a perdonar.
Santos, ganador del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar el conflicto armado interno, no solo tiene mayoría en el Congreso para lograr la aprobación del acuerdo, sino también para pasar los proyectos de ley necesarios para implementarlo.
El acuerdo incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, lucha contra el narcotráfico, administración de justicia, compensación a las víctimas, desminado, la implementación de los pactos y un cese bilateral y definitivo al fuego supervisado por la ONU.
A pesar de todo, la firma del acuerdo con las FARC no garantiza el fin de la violencia en Colombia. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional están estancadas, mientras el Gobierno combate a bandas dedicadas al narcotráfico integradas por ex paramilitares de ultraderecha.
El Gobierno estima que el acuerdo de paz impulsará la desacelerada economía del país productor de petróleo, carbón y café para lograr un crecimiento adicional anual de hasta dos puntos porcentuales en el PIB, que el año pasado se expandió un 3,1 por ciento.
