MADRID, 3 mayo (Reuters) - El anuncio de disolución de ETA tras medio siglo de lucha armada por un País Vasco independiente pondrá previsiblemente sobre la mesa en las próximas semanas la revisión de la política penitenciaria hacia los presos de la banda.
El fin de la dispersión de los 225 miembros de ETA encarcelados en España lleva años siendo reclamando por sus familiares, pero desde que el grupo anunció en 2011 el fin de su actividad armada, se ha convertido en una demanda extendida en una sociedad que trata de cerrar heridas a décadas de violencia.
“El Gobierno siempre puso como condición para cambiar la política penitenciaria la disolución de ETA”, dijo el jueves el lehendakari Iñigo Urkullu en una entrevista con el diario El País.
El dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) dijo que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, era ahora “sensible” a un cambio de política que acerque al País Vasco a presos que hoy están en decenas de penitenciarías de todas España, evitando así costosos y largos viajes a sus familiares.
“No sólo por el final de ETA. Obedece a un deseo mayoritario de la sociedad vasca desde hace décadas. Dentro de la legislación vigente puede gestionarse de otra manera”, añadió Urkullu.
Después de que Francia -donde hay 62 presos de ETA- decidiera abordar a principios de año el traslado de reos a cárceles cercanas al País Vasco, las próximas semanas serán fundamentales para la revisión de esta política en España.
“Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes, ETA puede anunciar su desaparición pero no desaparecen ni sus crímenes, ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos”, dijo Rajoy el jueves en un acto en Logroño.
Tras la difusión el miércoles de una carta fechada el 16 de abril en la que la banda daba por disueltas todas sus estructuras y cerrado un ciclo político, se espera que el jueves ETA, muy debilitada, haga oficial su final a través de un video.
