BEIRUT (AP) — Tres importantes organizaciones no gubernamentales boicotearán las reuniones convocadas por Arabia Saudí con grupos de la sociedad civil antes de la cumbre del Grupo de los 20 que se celebra este año en el país. En su anuncio del lunes, las organizaciones dijeron que asistir prestaría legitimidad a un reino “que intenta blanquear su sombrío historial de derechos humanos”.
Transparencia Internacional, con sede en Berlín, indicó que rechazaría su invitación para asistir a los encuentros con la sociedad civil incluidos en el marco de la cumbre del G20 y conocidos como Civil 20 o C20. Las primera reuniones en Arabia Saudí se celebraban esta semana.
En un comunicado conjunto con Amnistía Internacional, con sede en Londres, y una alianza de activistas y organizaciones con sede en Johannesburgo conocida como CIVICUS, el grupo anticorrupción invitó a otras organizaciones a sumarse al boicot.
“No podemos participar en un proceso que busca dar legitimidad internacional a un estado que prácticamente no deja espacio a la sociedad civil y donde no se toleran las voces independientes de la sociedad civil”, dijeron las organizaciones.
La oficina de comunicaciones del gobierno saudí no respondió a una petición de comentarios sobre el comunicado.
Arabia Saudí asumió el turno de presidencia del G20 de manos de Japón el año pasado, convirtiéndose en el primer país árabe en asumir el prestigioso papel de celebrar la cumbre de las principales economías industrializadas y en desarrollo del mundo. La cita está prevista para noviembre en Riad.
El reino petrolero se ha embarcado en una campaña de liberalización, aunque ha sido criticado por multitud de violaciones de los derechos humanos, como la detención de voces críticas, las restricciones impuestas a las mujeres y el asesinato en 2018 del columnista del Washington Post Jamal Khashoggi, que era crítico con la familia real, en el consulado saudí de Estambul.
En un momento en el que las reformas sociales del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, recibían muchos elogios en Occidente, las columnas de Khashoggi criticaban la campaña paralela de persecución contra la disidencia que dirigía el príncipe.
Un tribunal saudí condenó a muerte en diciembre a cinco personas por el asesinato, en un veredicto descrito como “burla a la justicia” por Agnes Callamard, que investigó el suceso para Naciones Unidas.
Callamard, que ha pedido que las reuniones del G20 de este año se celebren en otro país, concluyó en su investigación que el asesinato fue obra de un equipo de agentes saudíes, incluidas personas que trabajaban para la oficina del príncipe.
“El hecho de que la cadena de mando y el estado no hayan sido investigados implica que el sistema que hizo posible el asesinato de Jamal Khashoggi está intacto”, dijo la investigadora tras conocerse el veredicto.
El C20 se creó en 2013 como una parte oficial del G20 para asegurar que los líderes mundiales escuchan voces procedentes de la sociedad civil. En una serie de recomendaciones aprobadas el año pasado en Osaka, Japón, el C20 indicó que su objetivo era “proteger el medio ambiente y fomentar el desarrollo económico y social, los derechos humanos y el principio de no dejar a nadie atrás”-
Las ONG que boicotearán el proceso del C20 señalaron que incluso si participaran, los estrictos controles a la prensa en Arabia Saudí supondrían que la población del país no tendría información sin censurar sobre las conversaciones, y señalaron que se esperaba que incluso las protestas de activistas, que son un elemento habitual de las cumbres del G20, fueran limitadas.
“La libertad de asamblea pacífica es un derecho, pero en un país donde todas las congregaciones, incluidas las manifestaciones pacíficas, están prohibidas, no es posible que este derecho fundamental se respete”, añadieron. apnews
