Guatemala, 15 de septiembre, 2016 (AP). Un juez prohibió la salida del país del hijo y el hermano del presidente guatemalteco Jimmy Morales, a quienes investiga por presunta corrupción.
El fiscal Juan Francisco Sandoval informó a The Associated Press que la medida busca garantizar que ambos se sometan a la justicia.
José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales, hijo y hermano del presidente respectivamente, son investigados por la fiscalía y la Comisión contra la Impunidad en Guatemala por supuesta malversación de fondos en el Registro General de la Propiedad.
Según las investigaciones ambos habrían presentado cotizaciones falsas para brindar servicios de comida al Registro y con ello favorecer a un restaurante propiedad de un financista del partido por el que Morales llegó a la presidencia.
El martes el jefe de Estado comentó el caso en un mensaje a la nación y dijo que tanto su hijo como su hermano habían acudido a la fiscalía a brindar declaración. Según la fiscalía en esa cita entregaron información y documentación sobre el caso.
El hijo del mandatario vive en Estados Unidos donde estudia, informó el presidente.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad y la fiscalía los vinculan a una estructura que malversó fondos del Registro General de la Propiedad, caso por el que ya hay 18 personas detenidas.
"Durante la investigación se encontraron indicios que señalan pagos anómalos por servicios de banquetes durante actividades del Registro los cuales no fueron realizados por la institución, lo que significó un desembolso de al menos 150.000 quetzales (unos 20.000 dólares)", informaron la comisión y la fiscalía.
El gobernante ha dicho que no hablará del tema "para no interferir de ninguna manera en este proceso" y se ha mantenido alejado de la prensa desde entonces.
En 2015 miles de personas salieron a las calles de Guatemala en varias ocasiones para exigir el fin de la corrupción y la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina.
Tras varios meses de protestas e investigaciones de la fiscalía y la Comisión que involucraban a Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos renunciaron al cargo. Los dos guardan prisión vinculados con varios casos de corrupción. Ambos sostienen que son inocentes.