La Haya (EFE). La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya afirmó este lunes que había razones sólidas para creer que las fuerzas del ejército de Estados Unidos desplegadas en Afganistán podrían haber cometido crímenes de guerra en territorio afgano.
En un informe hecho público esta noche en la Haya, sede de la CPI, los fiscales de este organismo aseguran que tras un exhaustivo examen, fuerzas estadounidenses, según la jurisdicción de esta Corte, habrían cometido crímenes relacionados con la tortura y otros tipo de maltratos en campos secretos de detención.
Según la CPI, estos centros de detención estaban gestionados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y los crímenes de guerra tuvieron lugar "principalmente durante el periodo 2003-2004" aunque "en algunos casos continuaron hasta 2014".
Los crímenes se habrían cometido en territorio de Afganistán en todas las 34 provincias del país aunque "las de Kandahar y Helmand parecen las provincias más afectadas", precisa el informe
El documento añade que "miembros de las fuerzas armadas de EEUU parecen haber sometido al menos a 61 personas detenidas a tortura" y que oficiales de la CIA aparentemente habrían torturado a otros 27 detenidos.
La fiscalía de la CPI subraya que también tiene razones fundadas para creer que los Talibán y sus aliados, pertenecientes a la organización Haqqani Network, habrían cometido igualmente "crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra".
Y que dichos crímenes de guerra y tortura también habrían sido llevados a cabo "por el Gobierno afgano, en particular por la Agencia de Inteligencia (National Directorate for Security, en inglés) y la Policía Nacional Afgana".
La oficina de la Fiscalía afirma que decidirá de forma inminente llevar a cabo una investigación completa sobre el asunto afgano y que según los resultados podrían presentar cargos contra individuales e incluso emitir órdenes de arresto.
La CPI fue establecida en 2003 para juzgar graves crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero Estados Unidos bajo la presidencia de George W. Bush se opuso con fuerza al establecimiento de este tribunal, del que no es miembro, aunque sí es Afganistán.
