Salem, Oregon, 2 de febrero, 2017 (AP). La campaña contra las "ciudades santuario" prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desencadenado acciones contrapuestas en los estados del país en función del partido que los gobierna, dejando al descubierto la profunda división nacional en materia de inmigración.
Así, algunos estados maniobraron para aplicar su orden, mientras que otros se desmarcaban del gobierno federal para proteger a los migrantes que viven en el país sin permiso de residencia. El concepto de "santuario" alude a medidas de las administraciones locales para resistirse a la persecución de migrantes en situación irregular.
California, el estado más grande del país, quiere establecer medidas a nivel estatal que prohibirían a las fuerzas de seguridad cooperar con las autoridades federales de inmigración. Otro estado fronterizo, Texas, ha anunciado que retendrá fondos a las "ciudades santuario".
Las recientes órdenes ejecutivas de Trump, que amenazan con retener financiamiento federal a las poblaciones que tengan estas medidas de protección y contemplan la construcción de un muro fronterizo, han provocado protestas generalizadas y despertado el temor a más restricciones migratorias en el futuro. Los partidarios del presidente han celebrado las medidas.
En su mayoría, las ciudades implicadas han reforzado sus políticas de santuario. No hay una definición oficial, pero a menudo implican pedir a la policía que no pregunte sobre la situación legal de los detenidos o que decline peticiones de las autoridades migratorias para mantener retenidos a acusados mientras esperan a ser deportados.
Pero estados de tendencia progresista, como California, no serían los primeros en bloquear la aplicación policial de las leyes federales de migración. Oregon fue pionero en establecer estas medidas a nivel estatal con una ley en 1987. En esa época, en ocasiones los trabajadores migrantes y sus familias se veían alojados en penosas condiciones pese a la importancia de los beneficios agrícolas.
La gobernadora de Oregon, Kate Brown, dijo que aplicará esa ley.
"Ellos cortan nuestros pastos. Recogen nuestras uvas", dijo Brown la semana pasada. "Cuidan de nuestros hijos y cuidan de nuestros ancianos, y quiero asegurarme de que se sienten bienvenidos en Oregon".
Los defensores de estas medidas afirman que su estrategia facilita que la gente sin permiso de residencia reporte delitos sin temor a la deportación. Sus críticos expresan preocupaciones sobre la delincuencia, citando casos como la muerte a tiros de Kate Steinle en San Francisco. Juan Francisco López-Sánchez, que estaba en el país de forma ilegal tras varias deportaciones a su país natal, México, ha sido acusado del asesinato.
San Francisco reafirmó su compromiso con las políticas de santuario al demandar a Trump el martes, el mismo día en que los senadores estatales de California avanzaron en una legislación que daría dinero a los abogados de inmigrantes que afronten la deportación. La propuesta también pondría trabas a cualquier intento de crear un registro de musulmanes.
Se estima que en California viven unos 2.3 millones de inmigrantes que están en el país sin permiso de residencia.
"Queremos asegurarnos de que los agentes de policía no abandonan su labor y se ponen a aplicar leyes de inmigración", dijo el presidente interino del Senado, Kevin de Leon, de Los Ángeles.
Algunos republicanos de California se resistieron a la iniciativa. El senador estatal Jeff Stone votó en contra y afirmó creer que "esta ley hace mucho más difícil para las autoridades federales atrapar a los delincuentes más peligrosos a los que queremos deportar para mantener a salvo nuestras comunidades".
En Texas, el gobernador Greg Abbott recibió con los brazos abiertos la orden de Trump y dijo que el gobierno ha mostrado la posibilidad de asegurar la frontera.
Abbott dio instrucciones a los legisladores para que le presenten una ley en junio que castigue a los gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias federales. El gobernador quiere cortar el flujo de dinero de los contribuyentes a las localidades que no detengan a los inmigrantes, y también ha pedido competencias para destituir a funcionarios locales electos si no obedecen.
La jefa de policía del condado de Travis, Sally Hernandez, que dirige las cárceles en el enclave progresista de Austin, tiene previsto dejar de cumplir esta semana todas las órdenes de detención emitidas por autoridades federales de inmigración y sólo cumplirá las que afecten a acusados de asesinato, agresión sexual con agravantes y tráfico de personas. Abbott respondió bloqueando 1,5 millones de dólares asignados al sector judicial del condado.
Idaho también ha tomado medidas para aplicar el decreto de Trump, aunque el estado no tiene "ciudades santuario". Una ley prevista para esta semana impondría retenciones de dinero público en el caso de que se crease alguna.
El clima político actual es distinto del que había cuando Oregon introdujo sus protecciones estatales. La oficina del gobierno señaló que Oregon no ha afrontado represalias federales durante estos años, pero que eso podría cambiar.
La gobernadora Brown dijo que luchará por defender la ley de Oregon, lo que incluiría tomar medidas legales, si Washington intenta retener fondos federales como forma de presión.
La ley estatal indica que los inmigrantes pueden acudir a la policía cuando son víctimas o testigos de un delito sin temer a la deportación, indicó Jann Carson, directora asociada de la ACLU (siglas en inglés de la Unión Estadounidense por los Derechos Individuales) en Oregon.
"El principal resultado es que la policía de Oregon no ha participado en las redadas... del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas sobre granjas migrantes, edificios de apartamentos, bloqueos de carretera", dijo Carson.
Los inmigrantes que están en el país en situación irregular no tienen derecho a prestaciones sociales, señaló, aunque muchos pagan impuestos. La Administración de la Seguridad Social estimó que los inmigrantes y sus empleadores habían pagado 13.000 millones de dólares en impuestos laborales en 2010.
El exlegislador Dick Springer ayudó a aprobar la ley de Oregon hace 30 años. Springer dijo que su motivación fueron las condiciones insalubres y de hacinamiento en las que vivían los trabajadores agrícolas, y la dependencia que tiene el sector agrícola de esos trabajadores.
"Éramos conscientes de las muy atroces condiciones de los campesinos... en un granero podían vivir 50 personas", dijo Springer el martes en una entrevista telefónica.
Su medida de 1987 recibió apoyo bipartisano. Cuando se le preguntó si la medida hacía de Oregon un "estado santuario", Springer dijo que ésa era su intención.
"No vamos a molestar a gente que quiere ganarse la vida y contribuye a nuestra economía", dijo con emoción. "Tienen una ética de trabajo muy firme. Tienen compromiso con la fe y la familia. Esas son las familias que atesoramos, que aceptamos y a las que damos la bienvenida".
