Manila, 24 may (EFE).- Rodrigo Duterte es el tercer presidente de Filipinas que recurre a la ley marcial en el último medio siglo para sofocar un conflicto interno, después de Ferdinand Marcos (1965-86) y Gloria Macapagal-Arroyo (2001-10).
Los tres mandatarios se enfrentaron a una situación diferente y cada uno empleó de forma distinta la medida extraordinaria.
Marcos aplicó la ley marcial en todo el país para contener la rebelión comunista y la mantuvo vigente desde 1972 hasta 1981.
Al día siguiente de imponer la ley marcial, el régimen se hizo con el control de todos los medios de comunicación de la nación.
Macapagal-Arroyo utilizó la norma en Maguindanao tras la muerte de 58 personas en esa provincia de Mindanao (sur), en la lucha por el poder de dos clanes rivales. Su ley marcial duró siete días, del 5 al 12 de diciembre de 2009.
Duterte decretó la ley marcial en la región de Mindanao el 23 de mayo de 2017, mientras efectuaba una visita oficial a Rusia, después que el grupo Maute, una organización afín al grupo terrorista Estado Islámico (EI), entrase en la ciudad de Marawi y ocupase el ayuntamiento y un hospital.
Los yihadistas quemaron iglesias, un colegio y una prisión, y, encapuchados y con banderas negras del EI, recorrieron subidos a vehículos las calles de esa población de poco más de 200.000 habitantes y capital de la provincia de Lanao del Sur, en Mindanao.
La ley marcial invocada por el presidente Duterte tiene una validez de 60 días, aunque el Congreso tiene la potestad de prorrogarla.
Otra diferencia entre la ley marcial de la época de Marcos y las empleadas por sus sucesores es que la primera se rigió por la Constitución de 1935 y las otras dos por la Constitución de 1987.
La Carta Magna de 1987, vigente en Filipinas, se aprobó al año siguiente al derrocamiento del régimen de Marcos tras una revuelta popular pacífica y se redactó con el fin de impedir que se pudieran utilizar medidas extraordinarias para instalar una dictadura.
El régimen de Marcos, quien murió en el exilio en 1989, está acusado de la muerte, tortura, detención ilegal y desaparición de más de 100.000 filipinos.
La familia de Marcos atesoró ilegalmente entre 5.000 y 10.000 millones de dólares (entre 4.472 y 8.945 millones de euros), según estimaciones de la ONG Transparencia Internacional.
La Constitución de 1987 establece que el jefe del Estado dispone de 48 horas para informar, en persona o por escrito, al Parlamento bicameral de la nación y que este debe ratificar la ley marcial.
La Carta Magna no permite el establecimiento de tribunales militares con la ley marcial y solo contempla la suspensión del "habeas corpus" para personas "imputadas por rebelión o delitos directamente conectados a una invasión".
El "habeas corpus" es una medida jurídica que garantiza los derechos básicos de la víctima para evitar los arrestos y las detenciones arbitrarias. EFE 24 Mayo 2017 13:40
