Un juez federal le impidió al gobierno del presidente Donald Trump aplicar nuevas restricciones a las solicitudes de asilo de los migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, el revés más reciente para un mandatario que libra una batalla acérrima en los tribunales para frenar la llegada de inmigrantes al país.
El juez Jon Tigar, con sede en San Francisco, emitió su decisión el miércoles, horas después de que un magistrado en Washington decidiera que las normas permanecieran vigentes. El dictamen de California suspende la medida en toda la frontera en lo que las demandas siguen su curso legal.
La nueva medida le impediría a la mayoría de los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos si pasaron primero por otro país. La mayor parte de los migrantes que atraviesan la frontera provienen de Centroamérica, por lo que casi todos no cumplirían los requisitos para solicitar asilo debido a que tuvieron que pasar primero por México.
Afectaría también a los solicitantes de asilo procedentes de África, Asia y Sudamérica que suelen llegar a la frontera sur.
La Casa Blanca condenó la decisión del juez, calificándola de “tiranía de un sistema disfuncional”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca Stephanie Grisham declaró el jueves que los demandantes en este caso “hallaron un solo juez que trata de fijar la política migratoria de todo el país”. Añadió que Trump “usará todas las opciones a su disposición para encarar este fallo infundado y defender las fronteras de nuestra Nación”.
Las restricciones entraron en vigor la semana pasada, aunque hubo reportes contradictorios sobre si las agencias federales de inmigración las estaban ejerciendo o no.
Altos funcionarios federales aseguran que su plan desalentaría a los migrantes a dejar sus países de origen, lo que señalan es necesario para reducir el número de personas detenidas por los agentes fronterizos.
No es la primera vez que Tigar, quien fue designado al cargo por el expresidente Barack Obama, prohíbe que otras medidas de asilo menos restrictivas entren en vigor y podría bloquear de manera permanente esta nueva política.
El juez dijo que la nueva medida podría exponer a los migrantes a la violencia y el maltrato, negarles los derechos que dictan las leyes internacionales y devolverlos a los países de los que huyen.
Reconoció que el sistema migratorio del país está saturado por el incremento en los arribos de migrantes centroamericanos que se ha registrado durante el último año. AP
