WASHINGTON (Reuters) - Los programas estadounidenses de vigilancia están haciendo más difícil que funcionarios del Gobierno hablen a la prensa de manera anónima, dijeron el lunes dos grupos activistas.
Vigilancia a gran escala, uno de los principales temas del Gobierno de Barack Obama en la ofensiva contra filtraciones de seguridad nacional, amenaza la libertad de prensa y el derecho al asesoramiento jurídico, dijeron las organizaciones Human Rights Watch y American Civil Liberties Union en un reporte conjunto.
Los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por su sigla en inglés), que incluyen la recolección de "metadatos" telefónicos, han reforzado las preocupaciones de los funcionarios sobre relacionarse con los medios, ya que "cualquier interacción -por correo electrónico, teléfono- es un riesgo de dejar un rastro digital que podría posteriormente ser usado en su contra", según el reporte.
Los grupos entrevistaron a más de 90 periodistas, abogados y actuales y ex funcionarios del Gobierno estadounidense para el informe.
"Los periodistas nos dijeron que los funcionarios están considerablemente menos dispuestos a estar en contacto con la prensa, incluso sobre temas no clasificados u opiniones personales, de lo que estaban algunos años atrás", dijeron los grupos en el reporte.
El Gobierno de Obama ha sido más duro que sus predecesores sobre silenciar a quienes filtran información, y acusó a ocho personas bajo la Ley de Espionaje por sospechas de filtrar información.
Tras las filtraciones del ex contratista de la NSA Edward Snowden, el Gobierno aumentó sus esfuerzos para detectar "amenazas internas" de empleados públicos que quieran entregar información a la prensa.
Muchos programas estadounidenses de vigilancia van mucho más allá de lo necesario para controlar la seguridad nacional, dijo el reporte.
"Estados Unidos se dice un modelo de libertad y democracia, pero sus propios programas de vigilancia están amenazando los valores que clama representar", dijo el autor del informe, Alex Sinha, en un comunicado.
El reporte instó al presidente Obama y al Congreso a reformar las políticas de vigilancia del país, así como reducir la confidencialidad y brindar mayor protección a quienes denuncian prácticas ilegales o corrupción.
La Cámara de Representantes aprobó una ley en mayo para poner fin a la recolección de datos telefónicos de la NSA. El proyecto de ley está actualmente bajo consideración del Senado.
