Los hombres armados que han atacado los fieles de una sinagoga de Jerusalén Occidental, causando la muerte de cuatro israelíes y heridas a ocho, han mostrado un desprecio total a los principios básicos de humanidad, ha declarado Amnistía Internacional.
Este es el atentado con mayor número de víctimas mortales civiles cometido en Jerusalén en los últimos seis años.
“Nada puede justificar nunca un atentado abominable contra los fieles de una sinagoga. El homicidio deliberado de civiles debe ser condenado totalmente”, afirmó Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Al parecer, el atentado ha sido cometido por unos primos residentes en Jerusalén Oriental. Ningún grupo ha reivindicado aún su autoría, pero tanto Hamás como el grupo armado palestino Yihad Islámica lo han alabado. El presidente palestino Mahmoud Abbas lo ha condenado.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha prometido responder “con mano dura” al ataque, en una señal preocupante de que empeorarán las violaciones contra los palestinos en Cisjordania, como los derribos de viviendas y otros castigos colectivos.
En los últimos meses se ha producido un aumento de los atentados contra civiles y personal militar israelíes en Israel, así como en la Cisjordania ocupada: varios palestinos han embestido con vehículos a peatones o han atacado con armas blancas a civiles que esperaban el autobús.
El 10 de noviembre, Maher al Hashlamoni, de Hebrón, intentó embestir con un coche a un grupo de civiles israelíes en un asentamiento de Cisjordania y luego acuchilló a tres personas. Ese mismo día, Nur al Din Abu Hashiya, de 18 años, de Nablus, mató a puñaladas a un soldado en una estación de tren de Tel Aviv.
Las autoridades israelíes han cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en sus respuestas a estos ataques, como los derribos de viviendas como castigo a las familias de quienes participaron en los ataques.
“Castigar a las familias de los presuntos autores destruyendo sus casas es un castigo colectivo y está prohibido por el derecho internacional. Las tensiones en Cisjordania están al rojo vivo tras el conflicto en Gaza de este verano. Las autoridades no deben pisotear los derechos de los palestinos mediante castigos colectivos y otras medidas estrictas para restaurar la seguridad”, prosiguió Philip Luther.
También se ha producido un aumento de homicidios ilegítimos de palestinos durante manifestaciones a manos de la policía, cuando las vidas de los agentes no corrían peligro, mientras los colonos israelíes han realizado ataques contra palestinos que cosechaban olivas.
“Las fuerzas de seguridad israelíes tienen la obligación de proteger a toda la población civil, con independencia de si son palestinos o israelíes. En lugar de intensificar sus tácticas de represión, las autoridades israelíes deben garantizar que cualquier persona que ataque a la población civil en cualquiera de los dos lados rinde cuentas de sus actos. No hacerlo sólo envalentonará a los agresores y empeorará el ciclo de derramamiento de sangre”, concluyó Philip Luther.
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