Desde su estrecha victoria en la reelección, Rousseff ha prometido desplegar políticas más amigables con los mercados, en momentos en que los inversores se retiran de los activos brasileños, molestos con la gestión de la economía en el primer período de la mandataria.
"Más que nadie, sé que Brasil necesita reanudar el crecimiento. Los primeros pasos de este viaje son reordenar las cuentas públicas, incrementando el ahorro fiscal, alentar las inversiones y mejorar la productividad", dijo Rousseff en su discurso inaugural en el Congreso.
Rousseff no entregó detalles específicos sobre los recortes presupuestarios, aunque sí prometió un ajuste de cinturón que cause el menor costo posible para los brasileños promedio que dependen de los beneficios sociales del Gobierno.
Rousseff, una funcionaria de carrera que nunca había competido por un cargo público antes de convertirse en la primera mujer en llegar a la presidencia de Brasil en el 2011, pasó los últimos cuatro años lidiando con una desaceleración de la economía y una alta inflación.
Fue reelecta por un estrecho margen en octubre del 2014 después de una campaña en la que remarcó sus logros en la reducción de la pobreza y en mantener el desempleo cerca de mínimos históricos.
Para fortalecer el cambio en la política económica, Rousseff, una izquierdista de 67 años, ya nombró al banquero Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Levy reforzaría la disciplina presupuestaria y otras medidas de austeridad para equilibrar las cuentas públicas marcadas por un fuerte incremento del gasto.
Pero por mucho que se requieran los recortes en el presupuesto, podrían complicar al que ya se espera sea un año lento para la economía brasileña, considerando la desaceleración de la economía mundial.
"Va a ser un año muy complejo para ella", dijo el ex legislador Alfredo Sirkis, un ambientalista y crítico de Rousseff, citando una "explosiva combinación de problemas".
PROYECTO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Las cosas podrían complicarse incluso más para Rousseff en febrero, cuando la Corte Suprema tiene previsto dar a conocer los nombres de decenas de políticos que supuestamente recibieron fondos por más de 3.000 millones de dólares en sobornos provenientes de las arcas de Petroleo Brasileiro SA, el nombre formal de Petrobras.
Hasta ahora, 39 personas han sido arrestadas en el escándalo, incluyendo a dos ex directores de Petrobras y ejecutivos de importantes empresas constructoras. Otros ejecutivos vinculados a la construcción están acusados de canalizar dinero con contratos sobrevalorados para sobornar a funcionarios y políticos.
Rousseff ha negado haber tenido conocimiento del caso de corrupción.
El jueves, se comprometió a enviar al Congreso un proyecto de lucha contra la corrupción en el primer semestre del año y a comprometer a los legisladores en lo que describió como un pacto nacional contra esas prácticas.
Rousseff dijo que las investigaciones sobre las irregularidades en Petrobras no deben perjudicar a la petrolera estatal, que afirmó es "estratégica" para el gigante sudamericano y señaló que era necesario defender a la empresa de "depredadores internos y de enemigos externos".
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