Buenos Aires, 6 de mayo, 2016 (AP). La policía realizó varios allanamientos en Buenos Aires en busca de documentación sobre apartamentos de una sociedad inmobiliaria que pertenece a la expresidenta Cristina Fernández, en el marco de una causa por presunta falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito.
Los allanamientos realizados la noche del jueves en las administradoras de tres inmuebles de la sociedad Los Sauces, perteneciente a Fernández, fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadío.
Según una resolución del magistrado reproducida el viernes por medios de prensa, la policía debía buscar comprobantes de pagos y otra información contable que permita determinar si la expresidenta (2007-2015) y su hijo Máximo Kirchner son responsables de los delitos de falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilegal, de los que los acusó formalmente un fiscal días atrás.
Fernández no goza de fueros que le otorguen inmunidad mientras que el hijo que tuvo con el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) es diputado nacional por el opositor Frente para la Victoria.
El magistrado pidió que se secuestre "toda la documentación relacionada con los propietarios" de los inmuebles y "todas las computadoras, notebooks y elementos similares". Habilitó además "el uso de la fuerza pública y la fractura de puertas" para acceder a las administradoras.
Bonadío es el mismo juez ante el cual compareció Fernández en abril por supuesta defraudación al Estado en la compra de dólar futuro dispuesta por el Banco Central durante su gestión, lo que significó una pérdida para el Estado de unos 77,000 millones de pesos (unos 5,273 millones de dólares al tipo de cambio actual). El magistrado todavía debe decidir si procesa o no a la exmandataria por esa causa.
La exlíder peronista ha intentado recusar sin éxito en los últimos días al juez por considerar que no es objetivo y que lleva a cabo una persecución política en su contra.
Los Sauces es una firma creada en 2006 por Kirchner en sociedad con Fernández y el hijo de ambos para administrar propiedades de la familia. Según la denuncia de una diputada opositora, la compañía habría alquilado inmuebles a dos empresarios muy cercanos a la familia en una maniobra que supuestamente encubría el pago de sobornos a los Kirchner por favorecerlos con obra pública y otros negocios.
