Dilma Rousseff conservará sus derechos políticos y los beneficios que la legislación le garantiza a los ex jefes de Estado, tras la decisión del Senado de despojarla del mandato como presidenta de Brasil. Es lo que ha dictado la sentencia, leída hoy (31.08.2016) por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski. Además de mantener sus derechos políticos pese a su destitución, la sentencia del Senado no la priva de los beneficios vitalicios a que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos vehículos oficiales.
Pese a que se preveía que su destitución la condenaba automáticamente a la pérdida de los derechos políticos por un período de ocho años, como ocurrió en 1992 cuando Fernando Collor fue sometido a un juicio político semejante, un recurso presentado a última hora por el Partido de los Trabajadores salvó a Rousseff de la inhabilitación política.
Antes de la votación definitiva, Lewandowski advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada no podría ni siquiera ser profesora o trabajar "en un merendero en una escuela pública", ya que la inhabilitación comprende no solo mandatos sino también cargos públicos. Ante la petición del PT, el presidente del Tribunal Supremo aceptó realizar una primera votación para decidir si la presidente sería destituida y una segunda para establecer si se la inhabilitaba para "el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho años".
Rousseff apelará
Por otro lado, el abogado de Rousseff y ex fiscal general José Eduardo Cardozo, aseguró que la ya expresidenta de Brasil apelará ante la Corte Suprema el juicio político que la sacó del cargo. Cardozo aseguró que la destitución de Rousseff era un golpe parlamentario y que la decisión del Senado ocurre en un día triste para la democracia brasileña. DW.COM | 31.08.2016
