WASHINGTON (Reuters) - El candidato que Donald Trump propuso para ser fiscal general dijo el martes que no está de acuerdo con impedir la entrada de musulmanes a Estados Unidos y sostuvo que el ahogamiento simulado es tortura y una práctica ilegal.
El senador republicano Jeff Sessions respondió preguntas en la audiencia de confirmación en el Senado, la primera de una serie para los funcionarios propuestos para integrar el Gobierno de Trump desde el 20 de enero. El procedimiento fue interrumpido varias veces por manifestantes que se quejaron por su historial en temas de derechos humanos.
Durante la campaña, Trump dijo que el simulacro de asfixia o "submarino" era una técnica de interrogación eficaz. Al ser consultado sobre el procedimiento, Sessions dijo que es "ilegal usar el ahogamiento simulado o cualquier otra forma de tortura".
Sus palabras pueden ser un problema en caso de que Trump busque reinstaurar la práctica, actualmente prohibida.
Sessions, en tanto, dijo que no respaldará la idea de impedir que inmigrantes lleguen al país por su religión, y destacó que los planes de Trump se referían a quienes vienen de países que respaldan el terrorismo, no a todos los musulmanes.
Sessions, que ha representado al conservador estado de Alabama por más de 20 años, es un reconocido opositor a la ley que abre el camino a la ciudadanía a los inmigrantes. También se ha opuesto al aborto y al matrimonio entre homosexuales, pero el martes dijo que si es nombrado fiscal general respetará los lineamientos de la Corte Suprema que legalizaron esas prácticas.
La senadora demócrata Dianne Feinstein dijo que el Senado recibió cartas de 400 organizaciones civiles que se oponen a la confirmación.
Durante la campaña, Trump prometió construir un muro en la frontera con México y obligar al país vecino a pagar por él, además de deportar a 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Pero desde que fue elegido, el magnate neoyorquino ha dicho que parte del muro podría ser una cerca, que el Congreso podría financiarlo hasta que México devuelva el monto gastado, y que el foco de la deportación estará en los antecedentes penales para luego decidir sobre el resto de los inmigrantes ilegales. Reuters
