Madrid/Barcelona (EuroEFE).- El Gobierno español aplicará la
Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y
restablecer así la legalidad, después de que el presidente regional, Carles
Puigdemont, avisara este jueves de que el Parlamento catalán podría votar la
independencia si no hay diálogo.
Un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Mariano
Rajoy aprobará el sábado medidas para "proteger el interés general de los
españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña" y restaurar la legalidad
en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución,
informó el Ejecutivo. (Foto: El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, lee, en declaración institucional el 19 de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados, el comunicado emitido por el Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament podrá votar la declaración formal de independencia. EFE/Javier Lizón)
Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no
atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un
decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará
al Senado para su autorización y aplicación efectiva.
Puigdemont comunicó esta mañana por carta a Rajoy que, si
éste "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento regional
"podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de
Cataluña.
Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que
le había enviado Rajoy, el líder catalán agrega en la carta que el Parlamento
regional "no votó el día 10" la declaración de independencia y, según
asegura, su "suspensión continúa vigente".
Ante esta respuesta, el Ejecutivo español
"constató" en un comunicado la negativa del presidente catalán a
atender el requerimiento y, en consecuencia, "continuará con los trámites
previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en
el autogobierno de Cataluña".
Sería la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39
años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.
En ese requerimiento, se pedía al presidente catalán que
aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se
le instaba a restituir el orden constitucional en la región.
El lunes pasado, en una primera carta, Puigdemont no
concretó si se había proclamado la independencia y ofrecía a Rajoy abrir un
periodo de dos meses para dialogar y buscar una salida al contencioso.
El Gobierno central denunció hoy la actitud de los
gobernantes catalanes de "buscar, deliberada y sistemáticamente, el
enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la
convivencia y la estructura económica de Cataluña".
Así, el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su
alcance" para restaurar la Ley, la "convivencia pacífica" en
Cataluña y frenar el "deterioro" de la seguridad jurídica, enfatizó
el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en una declaración
institucional.
El presidente del Poder Judicial español, Carlos Lesmes,
estimó hoy que esas medidas "deberán ser sin duda proporcionales y
ajustadas" al objetivo.
Puigdemont avisa que
si Rajoy veta diálogo, el Parlament votará independencia
En su carta, Puigdemont ha avisado de que "si el
Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la
represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a
votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10".
Después de que el pasado lunes enviara a Rajoy una primera
respuesta a su requerimiento, en la que no concretaba si había proclamado la
independencia y ofrecía abrir un periodo de dos meses para dialogar, a las
10.00 horas de este jueves finalizaba el segundo plazo para que Puigdemont aclarara
dudas al Gobierno central, que a continuación ha decidido continuar con los
trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución.
En su nueva carta, que ha llegado a Moncloa minutos antes de
las 10.00, Puigdemont sí reconoce explícitamente que en su comparecencia del 10
de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de
independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente", antes
de añadir: "Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo,
que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es
consciente del problema y que no se quiere hablar".
Puigdemont arranca su misiva -de un folio, más corta que la
enviada el lunes- señalando que en la jornada del 1 de octubre el pueblo de
Cataluña "decidió la independencia en un referéndum con el aval de un
elevado porcentaje de los electores", que fue "superior al que ha
permitido al Reino Unido iniciar el proceso del 'brexit' y con un número de
catalanes mayor del que votó el Estatut".
Sobre su comparecencia del 10 de octubre ante el pleno del
Parlament, recuerda que propuso "dejar en suspenso los efectos de aquel
mandato popular" del 1-O.
"Lo hice para propiciar el diálogo que de manera
reiterada nos han hecho llegar, a usted y a mí, instituciones y dirigentes
políticos y sociales de toda Europa y del resto del mundo. En este sentido, en
mi carta del lunes, le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido
atendida", afirma.
Puigdemont advierte de que "tampoco ha sido atendida la
petición de revertir la represión", sino "al contrario, se ha
incrementado y ha comportado la entrada a prisión" del presidente de
Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y del presidente de la ANC, Jordi Sánchez,
líderes de dos "entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y
democrática".
"Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el
diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si
lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó
el día 10 de octubre", concluye.
Los socialistas a favor de la aplicación del 155 de forma
"muy, muy limitada"
En Madrid, representantes del Gobierno se reunieron este
jueves con dirigentes del Partido Socialista (principal de la oposición) y los
liberales de Ciudadanos (cuarta fuerza parlamentaria) para ultimar la
concreción de las medidas que se aprobarán el sábado próximo.
El secretario socialista de Organización, José Luis Ábalos,
denunció como "tramposa" la oferta de diálogo de Puigdemont, y confió
en que la aplicación del artículo 155 sea "lo más breve posible" y
"muy, muy limitada".
.La víspera, en Bruselas, el secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, afirmó que "la legislatura en Cataluña, si alguna vez se
inició, está agotada" y consideró que la única vía "desde el punto de
vista político" para resolver la crisis es "adelantar las elecciones".
"La legislatura en Cataluña, si alguna vez se inició,
creo que está agotada después del 6-7 de septiembre", dijo Sánchez a los
periodistas en Bruselas, donde se reunió con varios líderes socialistas
europeos y con los presidentes de la Eurocámara, Antonio Tajani, y la Comisión
Europea (CE), Jean-Claude Juncker.
Sánchez trasladó en Bruselas la necesidad de "defender
la causa europea en Cataluña" y de "articular por vías y cauces
institucionales una crisis política".
El líder socialista dijo que la obligación del presidente de
la Generalitat, Carles Puigdemont, "es ser el presidente de todos los
catalanes, aquellos que comulgan con sus ideas, y aquellos que no.
Y en consecuencia, la única vía posible es restaurar la
legalidad vigente y desde el punto de vista político creo que adelantar las
elecciones".
"Si no lo hace, lo que hacemos es invitarle a que acuda
al Congreso de los Diputados para encauzar (...) una crisis política que se
tiene que resolver en una institución que es la mediadora de todas las crisis,
que es justamente el Congreso", agregó. euroefe