CINCINNATI, Ohio, EE.UU. (AP) — Miami-Luken, una compañía distribuidora de fármacos al por mayor con sede en Ohio que ha sido vinculada previamente a la crisis de opioides, fue acusada formalmente en un caso de asociación delictuosa para distribuir analgésicos, informaron las autoridades federales el jueves.
Además, dos exejecutivos de Miami-Luken — el presidente y el director de asuntos regulatorios — y dos farmaceutas fueron imputados el miércoles en una corte federal de distrito de Cincinnati, según el fiscal federal en el estado, Benjamin Glassman.
Hacia la tarde del jueves, tres de los cuatro sospechosos ya habían sido arrestados, con cargos de confabularse para distribuir sustancias controladas. Los farmaceutas trabajaban en farmacias ubicadas en las localidades de Oceana y Tug Valley, ambas en Virginia Occidental.
Nadie respondió el jueves al teléfono de Miami-Luken en Springboro, una localidad ubicada unos 29 kilómetros (18 millas) al sur de Dayton. La compañía estaba en proceso de disolverse ante el creciente número de problemas legales, reportó el Dayton Daily News a principios de este año.
Richard Blake, un abogado que ha representado a la compañía en ocasiones anteriores, dijo el jueves que no estaba al tanto de los cargos.
Las estadísticas de opioides con receta que se difundieron esta semana resaltan la manera en que ha incrementado la distribución de píldoras conforme aumentaba la epidemia de sobredosis en Estados Unidos.
Miami-Luken distribuyó 120 millones de píldoras entre 2006 y 2012, según datos federales recientemente difundidos y publicados por The Washington Post. Un análisis de The Associated Press reveló que 11,4 millones de esas pastillas, casi el 10%, fueron al condado de Ming, Virginia Occidental, una zona con alrededor de 24.000 habitantes. La compañía fue la principal distribuidora de opioides en el condado durante ese periodo; estuvo entre las cinco primeras en sólo uno de los condados aledaños, el condado de Martin, Kentucky, donde la empresa entregó 574.000 píldoras en ese lapso.
La compañía ha sido acusada en demandas que siguen abiertas ante un juez federal en Cleveland. Más de 2.000 gobiernos tribales, locales y estatales han entablado querellas contra la industria farmacéutica.
En 2016, la fiscalía estatal alcanzó un acuerdo de 2,5 millones de dólares en una demanda contra Miami-Luken, resolviendo acusaciones de que la compañía no detectó, reportó ni detuvo el flujo de órdenes sospechosas de fármacos al estado.
Los periodistas de Associated Press John Raby en Charleston, Virginia Occidental; Claire Galofaro en Louisville, Kentucky; Goff Mulvihill en Cherry Hill, Nueva Jersey, Matthew Perrone en Washington; John Seewer en Toledo, Ohio, y Julie Carr Smyth y Andrew Welsh-Huggins en Columbus contribuyeron a este despacho. AP
Benjamin Glassman, fiscal federal del distrito sur de Ohio, durante una conferencia de prensa el jueves 18 de julio de 2019, en Cincinnati. (AP Foto/John Minchillo)
