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| Rajoy y Santamaría |
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió de que el Ejecutivo español tiene "serias dudas" de la constitucionalidad de la ley de consultas que podría aprobar el próximo viernes el Parlamento de Cataluña y que sería la base para un referéndum el 9 de noviembre.
"Si esa ley se aprueba y fruto de ella el decreto de convocatoria (de la consulta), este Gobierno tiene que cumplir con una obligación que es hacer cumplir las leyes y plantear el oportuno recurso ante el Tribunal Constitucional", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría advirtió que la hipotética paralización del decreto sería inmediata una vez admitida a trámite.
"Como saben, y yo también quiero recordárselo a determinados miembros de la Generalitat, si el Gobierno plantea un recurso de inconstitucionalidad contra una ley o disposición de una comunidad autónoma, esa suspensión es automática desde que se admite", dijo.
Centenares de miles de personas con banderas regionales ("senyeras") e independentistas ("esteladas") ocuparon dos vías principales del centro de Barcelona formando una gigantesca V con los colores de la bandera de Cataluña, con la que pretendían mostrar su deseo de llevar a cabo el referéndum.
El presidente de la Generalitat (gobierno regional) catalán, Artur Mas, dijo el viernes que su plan para realizar el referéndum salió reforzado por el amplio apoyo de la calle.
"Este plan no cambia, no varía. Este plan se refuerza en la medida en la que hay mucha gente, una vez más, porque no es la primera vez que sale a la calle masivamente, cívicamente y nos dice: escuchen, adelante", dijo Mas a la cadena pública catalana RAC1.
"Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer", añadió.
La movilización en las calles catalanas se produce una semana antes de una consulta similar en Escocia que muchos catalanes ven con envidia y esperan que sirva para impulsar su propio proceso soberanista.
La consulta, que según los sondeos quiere realizar el 80 por ciento de los catalanes, tiene carácter no vinculante, pero el Gobierno de Mariano Rajoy la considera ilegal.
Pese a que las agrupaciones proindependencia afirman que las instituciones catalanas pueden seguir adelante con la consulta ante una eventual suspensión del Constitucional, los analistas políticos no lo ven probable, y algunos ven como resultado probable unas elecciones anticipadas catalanas.
