EL CALAFATE, Argentina (Reuters) - La ex presidenta argentina Cristina Fernández reconoció que podría terminar tras las rejas por las investigaciones de casos de corrupción en su Gobierno que se aceleraron en los últimos meses, a las que considera una "persecución judicial" impulsada por opositores a sus políticas de centroizquierda.
La ex mandataria peronista, que gobernó por dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015, está bajo la lupa de la justicia por supuestas irregularidades en varias causas judiciales separadas que se reactivaron después de que el presidente de centroderecha, Mauricio Macri, la reemplazó en diciembre.
Fernández fue recientemente procesada en una causa por operaciones financieras del Banco Central y ha sufrido embargos millonarios de bienes, en lo que considera una operación de jueces y grupos de poder que podría llevarla a la cárcel.
De acuerdo con la ex presidenta, cuando su gobierno resolvió enfrentar a grandes intereses económicos con sus políticas de centroizquierda sabía que ese podía ser uno de los desenlaces.
"Cuando vos decidís estas cosas, está claro que uno de los riesgos es la cárcel", aseguró a Reuters tras enumerar una serie de medidas de su Gobierno, durante un encuentro el jueves con medios extranjeros en su residencia en la Patagonia argentina.
"Aplicando esta Constitución, estos procedimientos y estos códigos (jurídicos) de fondo, no tendría por qué haber ningún riesgo. Aplicando los códigos de la política en la Argentina, sí", añadió en un quincho de su casa de la ciudad turística de El Calafate, en el sur del país sudamericano.
Esa localidad en la provincia de Santa Cruz es considerada por Fernández como su lugar en el mundo. Allí tiene varias propiedades, entre ellas dos hoteles de lujo y la casa que habita actualmente, un amplio terreno con árboles variopintos y grandes jardines que rodean el comedor rústico con enormes ventanales donde se desarrolló la entrevista.
Fernández inició su carrera política en Santa Cruz y durante muchos años fue senadora por la provincia. Cuando sucedió a su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, encabezó un Gobierno que impulsó la economía fomentando el consumo interno con políticas de asistencia social y bajo el cual tuvo feroces disputas con sectores como el agropecuario y con la petrolera Repsol-YPF, que acabó nacionalizando.
Pero la intervención estatal en la economía y la fuerte regulación de los mercados llevaron a un bajo nivel de inversiones y una escasez de dólares que generaron alta inflación y ampliaron el déficit fiscal, y finalmente derivaron en un estancamiento de la actividad.
Fernández dijo que podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si persiste lo que llama la ofensiva judicial en su contra, de la que también responsabiliza a grupos mediáticos con los que siempre estuvo enfrentada, como Clarín.
La ex presidenta también está imputada por lavado de dinero, en una causa en la que se investiga a ex funcionarios y a empresarios por presunto desvío de fondos públicos.
"Que hay una persecución judicial me parece que es más que evidente. Y que además fue anunciada", dijo Fernández.
"Si uno lee las crónicas periodísticas durante el último mandato mío en su totalidad (...) decían durante los últimos 3, 4 años que yo cuando abandonara el poder iba a tener serios problemas con la Justicia", dijo, enfundada en un poncho y una elegante bufanda.
COMO DILMA
Fernández, de 63 años, trazó un paralelo entre su situación y la de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que también fue parte del reciente auge de líderes sudamericanos izquierdistas y que está suspendida por decisión del Senado de su país en un proceso de juicio político en medio de escándalos de corrupción.
"Se ve claramente la aparición de un 'partido mediático' que juzga públicamente, un 'partido judicial' que es como el espejo de ese partido mediático y un sector que interviene con estas dos patas fundamentales en la región", sostuvo.
"En el caso de Brasil se vio muy claramente la intervención de ese partido judicial. Aquí también se está viendo".
Los argentinos están muy divididos en su opinión sobre la ex presidenta. Sus simpatizantes destacan su combate a la pobreza, pero sus detractores la rechazan por su estilo belicoso y las sospechas de corrupción en su Gobierno.
En su primer encuentro mano a mano con periodistas tras dejar el poder, Fernández evitó precisar si será candidata en las elecciones legislativas del 2017 o en los comicios presidenciales del 2019.
La ex mandataria ha sufrido recientemente fisuras internas en la corriente partidaria que lidera y varios diputados desertaron de su bloque en el Congreso. Y el mes pasado recibió un duro golpe con el arresto de un ex funcionario sorprendido en un convento de los suburbios de Buenos Aires con cerca de 9 millones de dólares en efectivo.
Este incidente perjudicó su imagen en las encuestas. Por eso la ex mandataria pidió una auditoría sobre toda la obra pública hecha en sus gobiernos para aclarar las sospechas de corrupción.
"No quiero minimizar nada, pero creo que son episodios que pueden pasar en cualquier Gobierno", dijo la ex mandataria. Reuters
