El acuerdo de paz ha provocado división en la nación sudamericana de casi 49 millones de habitantes, ya que muchos se oponen a que los líderes de las FARC, acusados de haber cometido asesinatos, masacres, secuestros y abusos sexuales, entre otros delitos, tengan la posibilidad de ocupar cargos políticos.
Sin embargo, el pacto establece que los jefes guerrilleros deberán confesar todos sus crímenes ante un tribunal especial y tener una pena privativa de la libertad de hasta ocho años, antes de poder desempeñar funciones políticas.
El acuerdo aún debe ser ratificado en un plebiscito 2 de octubre, pero las encuestas anticipan que será aprobado.
Antes de la firma, Santos pidió a los colombianos apropiarse de la paz. "Este objetivo ha sido muy difícil, pero finalmente lo logramos, es un logro de todos los colombianos, esta paz no es mía, no es ni siquiera de mi Gobierno", aseguró.
Aunque la mayoría de los colombianos se declara preocupada por la reinserción a la sociedad de 7.000 combatientes de las FARC y por lo menos un número igual de colaboradores, son optimistas respecto a que la paz permitirá mejorar la seguridad en apartadas zonas rurales abandonadas por el conflicto e impulsar el desarrollo de la cuarta economía de América Latina.
El acuerdo, plasmado en un texto de 297 páginas, incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, la lucha contra el narcotráfico, justicia, víctimas, desminado y la implementación de los pactos.
Pero la firma del acuerdo con las FARC no garantiza el fin de la violencia en Colombia. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se encuentran estancadas, mientras el Gobierno combate a las bandas formadas por antiguos paramilitares de ultraderecha implicadas en el narcotráfico, considerado el principal combustible del conflicto. Reuters
