SAN DIEGO (AP) — El gobierno de Estados Unidos llevaba una base de datos de periodistas, activistas, organizadores e “instigadores” durante una investigación a la caravana migrante del año pasado, lo que hizo enfurecer a grupos defensores de las libertades civiles y de periodistas que lo tacharon de ser una violación flagrante a la libertad de expresión.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) compiló información de decenas de personas que incluía fotos del pasaporte y de las redes sociales, fecha de nacimiento y su supuesta participación en la caravana. A algunas de las personas en la lista les fue negada la entrada a México y sus pasaportes fueron marcados.
Las autoridades dijeron el jueves que el comité de vigilancia independiente del departamento examina la base de datos, e hicieron énfasis en que los periodistas no habían sido registrados con base en su ocupación o los temas sobre los que estaban reportando.
“La CBP tiene políticas que prohíben la discriminación contra los viajeros que llegan y tiene cláusulas especificas relacionadas con encuentros con periodistas”, dijo Andrew Meehan, comisionado adjunto de asuntos públicos.
La existencia de la base de datos fue dada a conocer el miércoles por la televisora KNSD de San Diego.
La gente mencionada en los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) proporcionados a la estación incluía a 10 periodistas, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, y a un abogado estadounidense. Había varias docenas de personas en la lista, incluidas muchas etiquetadas como “instigadores”.
La recopilación de la inteligencia se hizo bajo el amparo de la “Operación Línea Segura”, que fue diseñada para monitorear la multitudinaria caravana que partió desde Centroamérica el año pasado con el objetivo de pedir asilo en Estados Unidos.
Funcionarios de la CBP dijeron que se reforzó la seguridad tras una brecha en el muro fronterizo en San Diego el 25 de noviembre que derivó en una confrontación violenta entre miembros de la caravana y agentes. Tras el choque fue cerrado el cruce más concurrido del país durante cinco horas en el fin de semana del Día de Acción de Gracias.
Los funcionarios dijeron que formaba parte de protocolo darle seguimiento a dichos incidentes para recabar evidencia y determinar si el evento fue planeado.
Estos “actos delictivos ... que incluyeron agresiones a la policía y un riesgo para la seguridad pública, son monitoreados e investigados rutinariamente por las autoridades”, apuntó la CBP en un comunicado.
“La CBP continuará manteniendo un elevado estándar de rendición de cuentas y transparencia con los medios de comunicación y el público”, afirmó Meehan.
Abogados y grupos defensores de los derechos de los migrantes se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos a fines del año pasado para apoyar a miles de personas que llegaron allí y que solicitaban asilo. La prensa también cubrió la historia ampliamente.
Bin Guan, un periodista independiente y estudiante del Centro Internacional de Fotografía, dijo que él y un colega fueron detenidos por agentes estadounidenses mientras regresaban de Tijuana en diciembre. Un agente vestido de civil que no proporcionó el nombre de su agencia le mostró a Guan un documento de varias páginas con decenas de fotografías y le pidió identificar a las personas en las imágenes. Luego el agente le pidió que le enseñara las fotografías que había tomado en Tijuana.
Guan dijo que el informe de los expedientes confirmaron las sospechas que él y otros periodistas tenían desde hace mucho.
“Es una especie de combinación extraña de paranoia y orgullo”, dijo Guan. “Paranoia porque nuestro gobierno lleva a cabo estas tácticas de recopilación de inteligencia y estos patrones de hostigamiento para intentar disuadir a los periodistas de hacer su trabajo, pero también un poco de orgullo porque siento como que voy por buen camino”.
Dos demócratas de la Cámara de Representantes le preguntaron a Kevin McAleenan, jefe de la CBP, con relación a cualquier tipo de instrucción para los agentes acerca de las 59 personas nombradas, una explicación de por qué fueron incluidas y con qué tanta frecuencia fueron detenidas para interrogatorios adicionales.
“La apariencia de que la CBP está enfocándose en los periodistas, abogados y activistas, y en especial en los que trabajan en asuntos de inmigración o reportan sobre asuntos de la frontera y de inmigración, genera interrogantes sobre un posible mal uso de la autoridad de la CBP para realizar búsquedas en la frontera y requiere supervisión para asegurar la protección de los derechos legales y constitucionales de los estadounidenses”, escribieron los representantes Bennie Thompson y Kathleen Rice, ambos miembros de la Comisión de Seguridad Nacional.
Varios grupos denunciaron la base de datos, incluido el Comité para la Protección de los Periodistas, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Amnistía Internacional y el Southern Poverty Law Center, organización sin fines de lucro especializada en la promoción de los derechos civiles.
La base de datos fue creada en un momento en que aumenta la tensión en las relaciones entre el gobierno de Trump y los periodistas, y Trump ha dicho que algunos miembros de la prensa son “enemigos del Estado”. También se han incrementado en las redes sociales las noticias falsas tanto de la izquierda como de la derecha política.
El DHS pidió el año pasado a un contratista monitorear a más de 290.000 fuentes noticiosas y redes sociales alrededor del mundo en varios idiomas, y compilar bases de datos de periodistas, editores, corresponsales extranjeros y blogueros. Los funcionarios del DHS dijeron que el objetivo era recopilar información de fuentes disponibles públicamente.
Y, según documentos obtenidos a través de una petición del semanario The Nation con base en la Ley de Libertad de Información, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, otra sección del DHS, monitoreó una serie de protestas en contra de Trump en la ciudad de Nueva York el año pasado, incluidas varias que promovían los derechos de los inmigrantes y una organizada por un miembro del Congreso.
Los documentos de la caravana, fechados el 9 de enero, están titulados: “Rama de operaciones extranjeras del sector de San Diego: Caravana de migrantes FY-2019, presuntos organizadores, coordinadores, instigadores y medios de comunicación”. Según la televisora de San Diego, el material fue utilizado por el DHS y otras agencias, incluso agentes del FBI.
Uno de los expedientes era sobre Nicole Ramos, directora de refugiados y abogada de Al Otro Lado, un centro legal para migrantes y refugiados en Tijuana, México. Su ficha incluía detalles como el tipo de auto que conduce y el nombre de su madre, informó KNSD-TV.
Un fotógrafo que trabaja para The Associated Press también estaba en la lista.
El gobierno mexicano, que negó la entrada a algunas de las personas en la lista, dijo que desaprobaba el espionaje, que no efectúa “tareas de vigilancia ilegal” y le pediría a Estados Unidos aclarar cualquier caso de “espionaje ilegal”.
“México da la bienvenida a todos los visitantes extranjeros que, en apego a las leyes migratorias, realizan en nuestro territorio actividades de turismo o profesionales”, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. AP
