BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina dejó sin efecto el último pedido de detención vigente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por causas de corrupción durante sus dos presidencias (2007-2015).
La medida fue dispuesta el lunes por el cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, en el marco de una causa por la cual pesaba sobre Fernández de Kirchner un pedido de prisión preventiva como presunta jefa de una asociación ilícita para el cobro de sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.
El pedido de arresto había sido solicitado en septiembre de 2018 por el juez federal Claudio Bonadío, quien llevó adelante la mayoría de las causas contra la exmandataria de 66 años que en diciembre asumió la vicepresidencia del país junto al peronista Alberto Fernández a cargo de la primera magistratura. El magistrado falleció la semana pasada a causa de una enfermedad terminal.
El pedido de arresto nunca se hizo efectivo debido a que Fernández de Kirchner, antes como senadora y ahora como vicepresidenta, goza de inmunidad para ser detenida, beneficio que sólo puede ser anulado por dos tercios de los votos de ambas cámaras del Congreso.
Los tres miembros del tribunal penal concluyeron que no se verifican “riesgos de fuga” o de “entorpecimientos de la investigación” que había sostenido el juez Bonadío para pedir el arresto de Fernández de Kirchner.
Esta resolución no impide que la vicepresidenta siga siendo investigada por supuesto entramado de corrupción con la obra pública, pero el fallo se emitió en momentos en que desde la oposición se ha denunciado que hay un plan desde el gobierno por anular las investigaciones contra la dirigente de centro-izquierda.
El propio Bonadío había solicitado en 2017 la prisión preventiva de la expresidenta en otra causa por supuesto encubrimiento de los responsables iraníes de un ataque terrorista contra un centro comunitario judío de Buenos Aires en 1994. El pedido, en el marco de la causa que investigaba un memorando de cooperación judicial firmado por Argentina e Irán en 2013, también fue desestimado por una corte federal.
