Los arrestos o suspensiones de soldados, policías, jueces y funcionarios públicos en respuesta al golpe del 15 y 16 de julio han elevado las preocupaciones entre grupos de derechos humanos y países occidentales, que temen que el presidente Tayyip Erdogan lo esté capitalizando para reforzar su poder.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuestionó la aspiración de Ankara de unirse a la UE.
"Creo que Turquía, en su estado actual, no está en posición de convertirse en miembro pronto y ni siquiera en un período más largo", dijo Juncker al canal de televisión francés France 2.
Juncker también dijo que si Turquía volviera a introducir la pena de muerte —algo que el Gobierno dijo que debe considerar en respuesta a llamadas de seguidores en manifestaciones que pedían que los líderes del golpe fueran ejecutados— esto detendría inmediatamente el proceso de acceso a la UE.
Turquía abolió la pena capital en 2004, lo que le permitió iniciar conversaciones de acceso a la UE al año siguiente, pero las negociaciones lograron pocos progresos desde entonces.
En respuesta a los comentarios de Juncker, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, dijo a Haberturk TV que Europa no puede amenazar a Turquía sobre la pena de muerte.
Erdogan ha declarado el estado de emergencia, que le permite firmar nuevas leyes sin aprobación previa del Parlamento y limitar los derechos que considere necesarios. El Gobierno ha dicho que estas medidas son necesarias para terminar con los seguidores del golpe y que no viola los derechos de los turcos.
