Bruselas (EuroEFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que en Cataluña "hemos llegado a una situación límite" que obliga al Ejecutivo a actuar y ha confesado tener la sensación de que "es lo que se pretendía por parte de algunos".
En rueda de prensa en el marco del Consejo Europeo en Bruselas, Rajoy no ha confirmado que haya acordado con el PSOE una aplicación del artículo 155 de la Constitución con el objetivo de convocar elecciones en Cataluña, tal y como ha apuntado la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo.
"Todas las medidas que adoptemos las anunciaremos mañana (sábado)", ha remarcado Rajoy un día antes de la reunión del Consejo de Ministros para activar la aplicación del artículo 155 en Cataluña.
Rajoy ha dejado claro su rechazo a la actuación de la Generalitat: "No defiendo las posiciones del Gobierno catalán, pero creo que las han defendido francamente mal. No se puede dar más facilidades de las que se les han dado", ha dicho tras reiterar que simplemente se exigió a la Generalitat que dijera que no había declarado la independencia.
Pero, además de eso, ha continuado el presidente, la Generalitat ha adoptado un "sinfín" de decisiones contra el Estatuto y la Constitución española y se ha situado fuera de la ley.
"Eso, lógicamente nos obliga a actuar", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo quien, al ser preguntado si comparte con el PSOE que la aplicación del artículo 155 debe ser limitada, ha dicho que todas las medidas son fruto del acuerdo con PSOE y Cs y "cada uno las califique como estime conveniente".
Ha garantizado que la utilización del 155 es una medida que el Ejecutivo toma "en ultima instancia" ante una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de Derecho".
No obstante, ha asegurado que "no presupone usar la fuerza", sino que es un instrumento acorde con la Constitución y similar a otros que contemplan muchas constituciones europeas.
El objetivo fundamental de la aplicación del 155 es "volver al cumplimiento de la legalidad, al marco constitucional y la normalidad institucional", según Rajoy, que ha recordado que hace tan sólo tres días el Tribunal Constitucional volvió a declarar la ley del referéndum contraria a la Constitución.
"No puede haber una parte donde el Gobierno no cumple la ley, si no la cumple el Gobierno, cómo se le va a exigir que la cumplan los ciudadanos", ha añadido el presidente que ha puesto en valor el apoyo que ha recibido de los principales dirigentes europeos.
"Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos a esta situación", ha alertado.
Rajoy ha avisado también de que la actual situación de inestabilidad en Cataluña puede afectar gravemente al crecimiento económico y a la creación de empleo por culpa de las "decisiones irresponsables" de políticos "que han sido incapaces de estar a la altura de la circunstancias".
"Cuando uno se entrega a los extremistas y a los radicales y les obligan a cambiar a su candidato pasa lo que pasa", ha denunciado.
May reitera que debe respetarse la legalidad y la Constitución española
La primera ministra británica, Theresa May, dijo este viernes que la postura de Reino Unido sobre Cataluña "es muy clara" y que debe respetarse "la legalidad y la Constitución española".
"Hablé anoche con (el presidente español, Mariano) Rajoy como ya lo había hecho a principios de semana. La postura de Reino Unido es muy clara. Creemos que la gente debe respetar la legalidad y la Constitución española", señaló en la rueda de prensa al término de su estancia en Bruselas.
Este jueves, los líderes europeos mostraron ya su apoyo a Rajoy en la crisis catalana, y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reiteró que no ha lugar a una mediación europea.
"No hay espacio para una intervención de la Unión Europea" en el debate sobre la situación en Cataluña, porque "las posiciones están claras", explicó.
Tusk tendrá ocasión de reiterar este viernes su apoyo a la "legalidad y la Constitución española" a Rajoy y al Rey Felipe VI en Oviedo (Asturias), donde acude a recojer el Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2017, concedido a la Unión Europea (UE) por sus valores. Asistirán también el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
La salida de empresas de Cataluña se dispara
La salida de empresas de Cataluña se disparó el jueves, con 268 en una sola jornada, y asciende ya a 1.185 desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España.
De las 268 empresas que trasladaron el jueves su sede social fuera de Cataluña, el número más alto en un día desde que se inició este éxodo, 247 estaban afincadas en Barcelona, 13 en Tarragona, 5 en Gerona y 3 en Lérida.
En sentido contrario, desde el 2 de octubre hasta este jueves han llevado su domicilio social a Cataluña 52 empresas, lo que deja un saldo negativo de 1.133 sociedades.
Entre el 2 y el 9 de octubre, abandonaron esa comunidad autónoma 219 empresas (la mayoría, 212, el día 9), a las que se sumaron 177 compañías el día 10; 155, el día 11; 81, el día 13 (el día 12 fue festivo); 60, el lunes, 16; 105, el martes; y 112, el miércoles.
La mayor parte de las empresas que han movido su sede, 1.060, estaban afincadas en Barcelona.
La cifra aumenta según una encuesta de Pimec sobre el impacto del debate político en el tejido empresarial que la sitúa en 1.300 las pymes han decidido hasta ahora trasladar su sede social fuera de Cataluña, lo que supone un 1 % de las empresas catalanas de hasta 250 trabajadores, mientras que otro 2,2 % se lo plantea.
La encuesta, realizada entre el 14 y el 18 de octubre, revela que el 79,3 % de las empresas no tiene en mente cambiar su domicilio social, un 15,7 % señala que no lo sabe y un 1,8 % no contesta.
Según el sondeo, el 65 % de las pymes catalanas asegura también que el debate político actual no les afecta económicamente, frente a un 34 % que asegura que sí que les ha impactado negativamente y a un 1 % que afirma que le ha ido bien.
Esta inquietud ha llevado a un 11 % a afirmar que ya ha abierto cuentas bancarias fuera de Cataluña y a un 13 % a decir que lo piensa hacer, mientras que un 23 % siente inquietud financiera pero no abrirá cuentas fuera y un 54 % no se siente inquieto en absoluto.
En el ámbito de las inversiones, un 10 % de las empresas afirma que ha paralizado estas decisiones y un 9 % que lo piensa hacer, mientras que un 54 % dice que no le preocupa y un 26 % señala que no las parará pese a que sí se siente inquieto.
Declarar la independencia sería "un suicidio económico"
El presidente de la patronal Pimec, Josep González, ha reclamado diálogo a los políticos para evitar que el debate político dañe aún más la economía catalana y ha sido especialmente crítico con el Gobierno del PP, al que ha reprochado que haya aprobado una norma para facilitar la salida de sedes sociales de empresas y "estimular" así el "desplazamiento" de la economía de Cataluña.
"¿Qué hubiera pasado si De Guindos (ministro de Economía) no hubiera aprobado ese decreto o si se hubiera limitado a empresas de gran tamaño? A menos que haya interés en que se vayan muchas más empresas aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid", ha subrayado.
González, que ha relativizado la afectación hasta ahora del debate político en la economía, ha denunciado la existencia de "discursos catastrofistas" y ha negado que se pueda considerar que "se han perdido dos generaciones o que Cataluña tardará 5 años en recuperar la actividad perdida", en referencia a unas declaraciones del presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà.
"Hay que ser más responsables porque, si no, se está generando alarmismo", ha dicho.
La víspera, De Guindos advirtió que esta fuga de empresas de Cataluña es "únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir si se da la independencia, cosa que el Gobierno no va a permitir".
La secesión sería un "suicidio económico", porque Cataluña, que "hasta hace muy poco crecía más que la media española", quedaría fuera de todos los tratados de la UE, el 70 % de su producto estaría sujeto a aranceles y saldría del euro y de sus órganos de decisión lo que implicaría el cierre del acceso al crédito del Banco Central Europeo (BCE).
Ello conllevaría una "una restricción de liquidez brutal", con un impacto muy importante en las cuentas y depósitos de ahorradores que, incluso, podría llevar "a una situación indeseable, limitando las retiradas de dinero" y, finalmente, al empobrecimiento de la sociedad catalana. euroefe.euractiv.es: portal de información europea :: Actualidad
